La Exportación Minera En Colombia.

La minería ha tenido un auge notable en los últimos años. Al notable incremento de los
precios de varios de sus productos en los mercados mundiales se agrega el dinamismo
que han tenido los flujos de inversión de las grandes empresas mineras internacionales.
América Latina no ha sido ajena a ese fenómeno y hoy muchos países de la región se
benefician de un notable aumento de los flujos de inversión extranjera y un auge
significativo de exportaciones de la minería. Este inusitado dinamismo se ha dado en
momentos en que ha surgido un nuevo paradigma, basado en la revisión de la
experiencia de varios países, que afirma que la minería puede ser motor de desarrollo.
En ese contexto, cobran especial relevancia interrogantes acerca de la situación de la
minería en Colombia y su impacto económico y social en el país y en las regiones en
que se desarrolla. Este trabajo busca resolver esos interrogantes. En el primer capítulo
se hace una revisión del nuevo paradigma sobre el papel de la minería en el desarrollo
económico y se evalúan varios casos de éxito. El capítulo segundo ofrece una visión
general del impacto de la minería en la economía colombiana en los últimos años,
mientras el tercer capítulo hace una evaluación del papel de la minería en el desarrollo
regional. El capítulo cuarto evalúa la situación competitiva de la minería colombiana en
el contexto internacional. Finalmente, el quinto capítulo muestra el impacto de la
minería en algunas dimensiones adicionales del desarrollo social y regional. 


 La exportación minera amenaza los paramos de Colombia.

De los 34 páramos que hay en Colombia, 22 están en grave riesgo. Defensor del Pueblo se opone a entrega de la licencia ambiental a la multinacional Greystar en Santurbán, Santander. 

   

En el páramo de Santurbán, Santander, falta que se otorgue la licencia ambiental para empezar su explotación.  

Colombia cuenta con el 49% de los páramos del mundo, es decir, 1’932.987 hectáreas en total y a pesar de que el Código Minero, la Constitución y una sentencia de la Corte Constitucional son claros en ordenar la protección especial a estos ecosistemas, ya 108.972 hectáreas han sido concesionadas para la exploración y explotación a través de 391 títulos mineros.

La Defensoría del Pueblo realizó un detallado diagnóstico de la situación y determinó que 22 páramos se encuentran en alto riesgo de desaparecer como consecuencia de los efectos de la minería.

Los hallazgos de oro y carbón en estas zonas han incentivado la masiva llegada de compañías mineras, lo que implica una seria amenaza para los ecosistemas que surten el 70% del agua que consume el país. 

Rabanal y río Bogotá.

Situado entre Boyacá y Casanare, es un complejo que integra a 11 municipios en una extensión de 81.481 hectáreas. Allí se han concedido 88 títulos mineros y el impacto más evidente es el daño a la zona de amortiguación del páramo de Pisba, que nutre al río Cravo Norte. En esta región se ordenó el cierre de seis actividades mineras de explotación de carbón en dos municipios.

Santurbán.

En los límites entre Santander y Norte de Santander se levanta una de las zonas de páramo más ricas de Colombia. Ahí se detectó uno de los yacimientos de oro más grandes de América del Sur, por lo que han llegado un sinnúmero de importantes multinacionales en busca de explotar el precioso mineral, sin tener en cuenta que en este páramo nace el agua que alimenta el área metropolitana de Bucaramanga y muchos municipios de Norte de Santander.

A pesar de que la Greystar, una multinacional canadiense, ha insistido en la solicitud de la licencia ambiental para el proyecto “Angosturas”, la Defensoría del Pueblo anunció que se suma a las voces que se han opuesto a que este páramo sea concesionado y concluyó en el informe que podrían ser vulnerados, además del ordenamiento jurídico interno, los tratados internacionales de derechos humanos relacionados con el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, del derecho al agua, del ambiente sano y de la seguridad alimentaria.

Minería, una apuesta de alto riesgo.

Pese a los bombillos rojos de alerta y a las advertencias de numerosos expertos sobre el riesgo de avanzar a velocidad por un camino que puede conducir al abismo, no parece haber disposición alguna para meterle un poco de freno a la máquina. Todo lo contrario. En la posesión del nuevo ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, el presidente afirmó que la locomotora que Rodado dejaba marchando avanzaría a mayor velocidad, y nombrar en el ministerio de Ambiente a Frank Pearl —confeso lego en asuntos ambientales— sembró más dudas sobre su compromiso con la protección del medio ambiente.

Pese a que Colombia es el segundo país del mundo más rico en biodiversidad, la gran apuesta del Gobierno es por la minería —y los hidrocarburos—, en la misma línea de su antecesor. Una apuesta peligrosa: crecer a costa de los recursos naturales que, además, no garantiza ni más y mejores empleos, ni una reducción significativa de la pobreza. Para botón de muestra lo que ha dejado la gran minería del ferroníquel en Córdoba, y la del carbón en La Guajira y Cesar.

En lugar de mirar hacia Costa Rica, país biodiverso que prohibió la minería a cielo abierto, o hacia la Unión Europea que el año pasado lo hizo por la puerta de atrás al vetar el uso de cianuro por 100 años, el Gobierno parece mirar hacia Chile, un país que no es biodiverso y en donde si bien la minería ha contribuido al crecimiento de la economía, la desigualdad es escandalosa: el 10% más rico tiene ingresos 78 veces más altos que el 10% más pobre. Las descomunales ganancias mineras van a los bolsillos de las multinacionales y de unos pocos empresarios nacionales. Chile es el cuarto país más inequitativo de la región.

¿Es ese el camino por el que queremos avanzar con el acelerador a fondo? ¿Conveniente abrirle el chorro a la minería? ¿Está pensando el Gobierno en términos estratégicos y de largo plazo? ¿Están las instituciones mineras y ambientales en capacidad de hacer frente al desafío de un desarrollo minero con el menor riesgo ambiental posible? ¿Está el Gobierno en capacidad de exigir a las empresas mineras que operen bajo las más exigentes normas internacionales para reducir al máximo el daño ambiental? ¿Existen los mecanismos efectivos de fiscalización y control de 8.500 títulos mineros (19.000 esperan aprobación) y 3.600 operaciones ilegales? ¿Está actualizado el catastro minero? ¿Y la reforma de las regalías? ¿Dónde está el negocio si, según un estudio del economista Guillermo Rudas, en 2009 las regalías fueron de 1,93 billones y las exenciones de 1,75 billones? ¿Tiene el Gobierno un plan integrado para crear vínculos entre la minería, el resto de la economía y las economías locales (agricultura, silvicultura, pesca, minería informal…) y evitar que los megaproyectos funcionen como enclaves? ¿Puede garantizar transparencia e información suficiente en los procesos de consulta previa? ¿Está dispuesto a aceptar los resultados si son contrarios a la minería? ¿Gobierno, departamentos, alcaldías y empresas mineras acogerían la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti), que supone verificar y publicar los pagos de las empresas y los ingresos públicos provenientes de la explotación del petróleo y la minería?

 

Riesgos de salud en la explotación de oro  

Mucho se habla por estos días de la explotación minera y sus consecuencias.

La cantidad de muertos que ha dejado esta labor, específicamente la desarrollada en minas de carbón, ha prendido las alarmas entre las autoridades civiles y de salud de todo el país.

Pero no sólo se corre peligro con la actividad minera de carbón; la explotación de oro, propia de zonas colombianas como el sur de Bolívar, también representa riesgos para la salud.

En este caso no sólo se exponen los trabajadores de las minas sino también las personas que viven alrededor de las zonas explotadas y el medio ambiente.

Malformaciones en el cuerpo, disminución en la capacidad visual o auditiva, deficiencias en los sentidos y hasta la muerte, son riesgos que se corren con esta actividad minera.

El mercurio y el cianuro, elementos utilizados para la explotación de oro, son altamente perjudiciales.

“Son dos elementos totalmente perjudiciales para el medio ambiente y la salud; el mercurio produce enfermedades crónicas y el cianuro enfermedades agudas”, afirmó el ingeniero de Minas de la Secretaría de Minas de Bolívar, Álvaro Vargas Martínez.